Negocios

Nuevas obligaciones legales para los negocios digitales – Expansión


Durante los próximos días serán de plena aplicación dos de los reglamentos más ambiciosos aprobados por la Unión Europea para ordenar y regular de la mejor manera el Mercado Único Digital comunitario.

Las próximas semanas de 2024 serán esenciales para consolidar un verdadero espacio digital seguro para el ciudadano europeo. El 17 de febrero será de plena aplicación la Digital Services Act o Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y, unos días más tarde, el 6 marzo, le llegará el turno a la Digital Markets Act (DMA) o Ley de Mercados Digitales.

Estos dos reglamentos, que se apoyan el uno en el otro, buscan plantar unas reglas claras para afianzar el anhelado Mercado Único Digital europeo, asentar un entorno digital seguro y de confianza y proteger los derechos fundamentales de los usuarios mediante la imposición de obligaciones a las grandes compañías, los prestadores de servicios intermediarios y plataformas en línea.

Según expone Raúl Rubio, socio de propiedad industrial, intelectual y tecnología de Pérez-Llorca, estos dos textos implican la consolidación de su rol en el ámbito económico y jurídico de la Unión Europea (UE): “Al legislar específicamente para estas grandes plataformas, la UE se vale de sus recursos para velar por el cumplimiento de objetivos e intereses públicos que superan el rol tradicional de una empresa”.

Alejandro Touriño, socio director de Ecija, señala la importancia de estos texto y destaca entre las principales novedades de la DSA-heredera de la Directiva de Comercio Electrónico- la implantación de “mayores obligaciones de transparencia en la redacción de los textos legales de los intermediarios, en la moderación de contenidos, facilitando los sistemas de reporte de abusos, la resolución de disputas o el acceso a datos por parte de las autoridades”.

Por su parte, Cristina Mesa, socia de propiedad industrial e intelectual de Garrigues, insiste en el deber de colaboración que deberán tener las empresas de servicios en la retirada de contenidos ilícitos. Entre los aspectos principales de la Ley de Servicios Digitales, la experta identifica que “confirma y aclara el régimen de responsabilidad introducido por la Directiva de Comercio Electrónico; establece nuevas obligaciones de diligencia debida; crea nuevos mecanismos de supervisión y control; e impone un nuevo régimen sancionador”.

De manera más específica, la Digital Services Act impone varias obligaciones a los prestadores de servicios intermediarios como la cooperación con las autoridades; la designación de un representante legal en la Unión Europea -esta información deberá estar disponible para los usuarios-; o el establecimiento de puntos únicos de contacto, por vía electrónica, tanto para las autoridades como para los consumidores.

En cuanto a las plataformas en línea, éstas deberán cumplir otras obligaciones, de forma acumulativa, como el establecimiento de mecanismos de notificación de existencia de contenidos ilícitos; la notificación de sospechas de conductas delictivas pasadas, presentes o futuras; la creación de un sistema interno de reclamaciones; en caso de conflicto, el prestador deberá poner a disposición de los usuarios la información relativa al derecho a acudir a una resolución extrajudicial; o la correcta gestión de avisos emitidos por los alertadores fiables, figura nombrada por el coordinador de servicios digitales.

Los expertos apuntan como esencial el radical cambio que se ha llevado a cabo a nivel de sanciones, puesto que las multas han crecido de una manera especialmente considerable y, actualmente, pueden llegar a alcanzar hasta un 20% del volumen de negocio total anual mundial de la empresa en el caso de la DMA y de hasta un 6% de la facturación anual global en el caso de la DSA, lo que, sin lugar a dudas, se convertirá un incentivo para el cumplimiento del reglamento europeo.

Siguiendo por esta misma línea, Mesa recalca que, otra de las novedades del reglamento “es el establecimiento de obligaciones de diligencia debida que serán más gravosas dependiendo del tipo de servicios y tamaño del prestador. Las más gravosas son las que se aplicarán a las plataformas y buscadores de muy gran tamaño, esto es, con más de 45 millones de usuarios”.

La DMA, el otro pilar

La Digital Markets Act, que será de plena aplicación el 6 de marzo, es el reglamento que impone las obligaciones a las plataformas identificadas por la Comisión Europea como guardianes de acceso o gatekeepers, que son Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram y WhatApp) y Microsoft.

“Las obligaciones impuestas por la DMA facilitarán, entre otros, la interoperabilidad y portabilidad de servicios, la transparencia, la distribución de servicios de terceros y la elección de servicios por parte de los usuarios finales. La Comisión será la principal encargada de verificar el cumplimiento efectivo de estas obligaciones”, explica Alfonso Lamadrid, socio responsable de la oficina de Garrigues en Bruselas y miembro de la práctica de Derecho Europeo y de la Competencia.

El experto añade que “las autoridades de competencia de los Estados miembro tendrán ciertas facultades consultivas y de investigación, y es previsible que los tribunales nacionales también se vean llamados a aplicar directamente algunas de las obligaciones establecidas por la DMA en el marco de litigios entre partes privadas”.

Alejandro Touriño apunta que, entre las muchas obligaciones que plantea la DMA, destacan la de “tratar sus productos y servicios de manera no más favorable que los del resto de operadores de su plataforma, evitar que los consumidores se vinculen con empresas fuera de sus plataformas o rastrear a los usuarios finales fuera del servicio de la plataforma principal de los guardianes de acceso con fines de publicidad dirigida, sin que se haya otorgado el consentimiento necesario”.

A pesar de que la DMA pretende establecer un terreno de juego más equitativo, Raúl Rubio muestra dudas y afirma que “no está tan claro que las obligaciones y restricciones significativas que impone la DMA a los gigantes tecnológicos vayan a permitir desarrollar un ecosistema digital más dinámico y competitivo. Por otra parte, la obligación de hacer interoperables los sistemas operativos y de permitir tiendas de aplicaciones y sistemas de procesamiento de pago alternativos pueden suponer una amenaza desde la perspectiva de la ciberseguridad de los usuarios”.

El letrado de Pérez-Llorca afirma finalmente que, a su entender, la Digital Markets Act “podría reprimir ciertos aspectos de la innovación digital al obligar a las empresas a navegar por un marco de regulación más estricto y complejo, que podría limitar su capacidad para experimentar con nuevas ideas y modelos de negocio”.

ASUNTOS ESPECIALMENTE RELEVANTES DE LA DSA

  • Límites de la publicidad online. La eclosión de los servicios digitales ha generado una problemática relacionada con la recolección de datos personales y la publicidad basada en la elaboración de perfiles de usuarios. La Digital Services Act (DSA, por sus siglas en inglés) tiene entre sus objetivos abordar y mitigar las preocupaciones relacionadas con la privacidad y las prácticas publicitarias en el entorno digital. Entre los principales artículos relacionados con este asunto, hay que destacar el artículo 26 que impone que el consumidor sea capaz de identificar de forma clara y en tiempo real que se trata efectivamente de un anuncio, quién es el remitente de la publicidad, quién es la persona física o jurídica que ha pagado por ella, y cuáles son los parámetros utilizados por el prestador de servicios para fijar los destinatarios de la publicidad. El artículo 39 refuerza lo anterior y establece requisitos adicionales para alcanzar una mayor transparencia en la publicidad online. Este apartado obliga a los prestadores a recopilar y hacer público un repositorio que contenga una información detallada: contenido del anuncio, periodo durante el que se ha presentado, quién paga, número total de destinatarios, etcétera. El artículo 9.2 impone que si los prestadores recibieran una orden de actuación por parte de las autoridades judiciales dirigida contra un anuncio con contenido ilícito deberían incorporar en el repositorio una referencia al fundamento jurídico en el Derecho de la Unión.
  • Eliminación de los contenidos ilícitos. La DSA también centra su atención en la eliminación de contenidos ilícitos, como sucede en las normativas existentes anteriores. Según explican desde Ecija, a través de la aplicación de esta nueva regulación se refuerzan las obligaciones de transparencia y diligencia para los proveedores de servicios de la sociedad de la información, sin comprometer el principio fundamental de exclusión de responsabilidad en ausencia de conocimiento efectivo por parte del operador. De hecho, la DSA mantiene el régimen de exención de responsabilidad establecido previamente, destacando que los operadores únicamente serían responsables cuando actúan de manera deliberada y tienen un conocimiento efectivo de la presencia del contenido ilícito en sus plataformas. Se refuerza la noción de que la responsabilidad recae en los usuarios que cargan contenido potencialmente ilícito y el operador sólo asume responsabilidad cuando tiene un conocimiento de dicha situación. Por último, la DSA establece pautas claras en los mecanismos de notificación y acción para que los proveedores de servicios de alojamiento de datos puedan recibir y gestionar efectivamente notificaciones de contenido ilícito. La Digital Services Act insiste especialmente en dos asuntos esenciales: la diligencia y la buena fe, tanto por parte de los usuarios que notifican como de los proveedores en el tratamiento de la información.
  • Prohibición de interfaces engañosas. Entre los múltiples sistemas prohibidos o limitados por la DSA se encuentran las interfaces engañosas o dark patterns, que son sistemas diseñados con el objetivo de impedir una toma de decisión autónoma e informada por parte del usuario. El artículo 25.1. de la Digital Services Act estipula que “los prestadores de plataformas en línea no diseñarán, organizarán ni gestionarán sus interfaces en línea de manera que engañen o manipulen a los destinatarios del servicio o de manera que distorsionen u obstaculicen sustancialmente de otro modo la capacidad de los destinatarios de su servicio de tomar decisiones libres e informadas”. Entre los sistemas más comunes se encuentran el overloading, sistema que implica que los usuarios se enfrenten a una gran cantidad de solicitudes con el fin de producir fatiga; el skipping, que dirige a los consumidores a través de un proceso de toma de decisiones, ocultando opciones o información; el obstructing, que añade obstáculos intencionados para complicar ciertas acciones de los usuarios, como la cancelación de suscripciones; el flickle sirve para cambiar la ubicación y apariencia de elementos de la interfaz del usuario; o el left in the dark, que implica no proporcionar información clara y comprensible al usuario. Estas reglas contra las ‘dark patterns’ no deben ser interpretadas, apuntan desde Ecija, como obstáculos para que los proveedores interactúen con los usuarios y les ofrezcan nuevos servicios.



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Andres Castro

Sumergido en el abrazo apasionado de las palabras, soy Andrés Castro, un Autor Bloguero que teje historias que vibran con la esencia de la vida. Mi travesía en la Universidad Francisco de Vitoria moldeó mi pluma con una paleta de colores ecléctica. Como un cronista moderno, mis escritos surcan desde los campos deportivos hasta los motores rugientes del automovilismo, desde la vanguardia tecnológica hasta el latido constante del mundo de los negocios, y desde las raíces culturales hasta los horizontes de la creatividad. Cada palabra es un pincelazo de autenticidad, tejido con el hilo de la transparencia. Únete a mí en esta travesía donde las páginas se convierten en lienzos de emoción, donde el deporte comparte espacio con la velocidad, donde los engranajes de la tecnología se conectan con el fluir de los negocios y donde la cultura se despliega como una paleta de colores infinita.

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